Recurso para Quintana Roo en materia Seguridad Pública serán de 197 millones, 781 mil 102 pesos.

Recibirá Quintana Roo 192 millones 957 mil 177 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) 2021.

A esta cifra, se suman 48 millones 239 mil 294.25 pesos que tendrá que aportar el gobierno del Estado, correspondientes al 25% de lo aportado por la Federación, para un total de 241 millones 196 mil 471.25 pesos.

Esto, se da dentro del convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Quintana Roo, para realizar acciones específicas en materia de seguimiento y evaluación respecto de las acciones, metas, conceptos y recursos asociados de los Programas con Prioridad Nacional.

Hay que recordar que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública.

El FASP atiende a los cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se orienta a los diez Programas con Prioridad Nacional entre los que destacan el desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública; desarrollo, profesionalización y certificación policial; implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios; fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes; y fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto, entre otros.

El convenio obliga al Estado a informar mensual y trimestralmente los avances que se tengan con estos recursos, además de publicar en su página de Internet, el avance en el ejercicio de los recursos que le fueron asignados, para transparentar el ejercicio de los mismos.

Otra condicionante es que el gobierno estatal tendrá que abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones policiales, uniformes o vehículos con colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales.

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